Resumen: En el conflicto colectivo planteado por varios sindicatos contra la empresa del sector público ITVASA, iteresando se declare la eficacia jurídica y vinculante del pacto que puso fin a la huelga y, en consecuencia, implantar una jornada semanal de 35 horas, la Sala de lo Social desestima la demanda, pues si bien es cierto que, los pactos de fin de huelga tienen el valor de convenio colectivo, su alcance debe ser interpretado conforme a las normas interpretativas de los contratos, y del tenor literal del pacto se desprende que, la efectiva implantación de la jornada de 35 horas acordada no era directa, sino quedaba conectada a otros condicionantes, como el informe favorable de la Dirección General competente (actualmente las de Función Pública y de Presupuestos), los cuales se emitieron en sentido desfavorable, por lo que la empresa no podía entonces efectuar la implantación de la jornada. Añade que, la huelga convocada que dio lugar al pacto no fue por cuestión relacionada con la jornada semanal de 35 horas. Por otro lado, aun cuando la citada jornada semanales ha sido ya aprobado por pacto colectivo para los empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias, dicho acuerdo no resulta aplicable a la empresa demandada, al no comprender el mismo en su ámbito a las entidades del sector público autonómico empresarial o fundacional.
Resumen: La sucesión ha de regirse por el Libro IV CCCat. Atendida la fecha del testamento, no resulta de aplicación al caso la Ley 6/2019, de 23 de octubre, para garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación de las personas con discapacidad sensorial y hay que estar al Código de Sucesiones. No se cuestiona la capacidad intelectual de la testadora sino el requisito de la unidad de acto (en relación con la forma en que se preparó el testamento), por ausencia de las formalidades exigidas legalmente atendida la discapacidad auditiva de la testadora y la falta del juicio de capacidad efectivo por parte del notario. Las formalidades previstas en los arts. 107 y 115 CS y 193 del Reglamento Notarial buscan evitar fraudes en la formación de la voluntad de las personas con discapacidad visual o auditiva. Se exigía que se hubieran adoptado las precauciones previstas en la Ley, presentando una hipoacusia severa que le privaba del sentido del oído, todo ello sin que interviniera ningún testigo en el otorgamiento del testamento, que fue leído por el notario, sin que la testadora lo leyera, admitiendo el notario la renuncia a hacerlo por sí. La testadora presentaba una discapacidad auditiva de tal entidad y gravedad que le impedía oír y, por tanto, comprender la lectura de las disposiciones testamentarias efectuada por el notario, y que hacía preciso el cumplimiento de las prevenciones establecidas en los arts. 107 y 115 CS, en relación con la legislación notarial.
